Por: Israel Pulido
El pasado 6 de septiembre del 2010, los activistas Junichi Sato y Toru Suzuki de la ONG Greenpeace Japón, fueron condenados a tres años de libertad condicional por dar a conocer información relacionada con la corrupción que se ha dado en gobierno japonés respecto a su programa de caza científica de ballenas y la defraudación en fondos públicos. La sentencia de la corte se llevó a cabo en Aomori, Japón mientras que los activistas eran acompañados por Kumi Naidoo, director de Greenpeace Internacional.
Ellos ya habían sido detenidos durante 26 días en el 2008, este acto tan injusto provocó opiniones diversas, haciendo que políticos, defensores de los derechos humanos, el premio Nobel Desmond Tutu y el Grupo de Trabajo para las Detenciones Arbitrarias para las Naciones Unidas hicieran diversas declaraciones manifestando su desacuerdo por considerar que este era un hecho que violaba las libertades de los japoneses y sus propios derechos.
Al salir de la sentencia Junichi Sato declaró, “Aunque el Tribunal reconoce que existen prácticas cuestionables dentro de la industria ballenera, no se reconoce el derecho a denunciarlas, como garantiza el derecho internacional. El Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos, sobre los que nuestra defensa se ha basado, está por encima de la legislación penal japonesa pero en el procedimiento judicial no se ha tenido del todo en cuenta”.
Diversos integrantes de Greenpeace comenzaron movilizaciones en varios países para dar mensajes de apoyo, en la Cd. de México algunos compañeros se plantaron afuera de la embajada japonesa con un mensaje traducido al español, inglés y japonés diciendo: “El activismo no es un crimen”, mientras tanto en la embajada de Madrid, España, se concertaron a las 5:00 a.m. Iniciando una vigilia que se dio por terminada el día de la sentencia.
Es evidente el instinto avasallador del ser humano por consumir todo lo que le rodea, pero tanto esta como otras prácticas ilegales se vienen ejerciendo sin que las autoridades hagan algo al respecto. Las ganancias que obtienen los políticos en todo el mundo por solapar estos actos son aberrantes, y denunciarlas termina siendo un trámite engorroso y burocrático. Del análisis de esta información solo me resulta un planteamiento; volvemos a ser tan primitivos como lo fuimos antes. Comenzamos a alimentarnos de seres vivientes cuya función no es esa, se recrimina y se castiga a quienes levantan la voz y el poder de la autoridad sigue imponiéndose ante las mismas leyes.
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